Una dable encrucijada judicial

Atentos a lo que representa la doctrina de la división de poderes, vigente en un Estado de Derecho como el nuestro, la función de la administración de justicia es propia del llamado Poder judicial; o lo que es lo mismo, quienes deben juzgar (o sea, hacer que prevalezca lo legítimo) deben ser los jueces y magistrados que lo integran. Siendo esto así como es, no me corresponde a mí, como simple ciudadano receptor, convertirme en emisor de sentencias.

No puedo condenar ni liberar a nadie porque no tengo capacidad legal para ello; solo puedo ampararme en mi derecho constitucional a la libertad de expresión para emitir una opinión (que siempre será subjetiva) sobre algún imputado o un caso judicial a partir de algunos datos o indicios a los que doy validez según mis criterios personales.

Según lo expuesto, no puedo juzgar al Sr. Urdangarín por los delitos que se le atribuyen; solo puedo emitir una opinión (subjetiva, por supuesto) a partir de lo que sé y considero aceptable sobre el proceso judicial en el que se halla inmerso. Mas no es mi opinión sobre él y su presumible delito (a tenor de lo expuesto en los medios de comunicación) lo que me lleva a la construcción de estas palabras que comparto con ustedes, sino la percepción de que la Justicia (así, en mayúsculas), el noble ejercicio de dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece según el derecho, puede verse en una encrucijada con este caso judicial por ser el Sr. Urdangarín quien es y pertenecer al círculo al que pertenece.

Descartemos de mis intenciones cualquier atisbo que pueda conducir al lector a prejuzgar en mi ánimo cualquier intento de salvaguardar al Sr. Urdangarín por ser quien es, ni muchísimo menos. Si es culpable, que se le condene, con independencia de que sea el yerno de nuestro Jefe del Estado o de que sea el mismo Rey de España, si se diera el caso. La justicia ha de ser universal y todos debemos ser sometidos en igualdad de condiciones al imperio de la ley. Así creo yo que debería ser.

La encrucijada que vislumbro se edifica sobre dos pilares. Veamos el primer pilar: si es condenado, la justicia recibirá de la ciudadanía un apoyo moral del que ahora carece. No es que no creamos en la justicia como tal (que podría ser el caso), sino que tenemos arraigada en nuestra conciencia colectiva la existencia de una patente de corso que concede el poder judicial a los llamados o concebidos como intocables. Si la justicia dictamina que el Sr. Urdangarín (considerado popularmente inviolable) es culpable y, en consecuencia, se le condena a… lo que sea, la justicia habrá logrado un argumento sólido para defenderse de los ataques de quienes sostienen que es parcial e interesada. Conclusión: el pueblo receptor engrandecerá el valor de la justicia.

Ahora bien (ahí va el segundo pilar): ¿Qué pasará si la justicia, con las pruebas en una mano y las leyes en la otra, dictamina que el Sr. Urdangarín es inocente? ¿Tenemos la suficiente confianza en el poder judicial como para concluir que su inocencia es el resultado de una adecuada administración de la justicia; o, por el contrario, retomaríamos el convencimiento de que, una vez más, los intocables han demostrado por qué lo son? ¿Está nuestra sociedad preparada para concluir que la inocencia del Sr. Urdangarín se debe a la demostración palpable de que no es culpable del delito que se le atribuye?

Estamos ante un problema (el de la desconfianza en la justicia) que, en mi opinión (subjetiva, como no puede ser de otro modo), nace de tres frentes: por un lado, del grave desconocimiento que se tiene de la maquinaria judicial, que se omite, por citar un ejemplo, en nuestros planes de estudio hasta el punto de convertirla en un tema suelto de una materia curricular concreta (no entiendo cómo, por seguir con el tema de la Educación, no se enseña a conciencia en las aulas de Primaria y Secundaria nuestra Constitución de 1978); por otro lado, de la incapacidad que manifiesta nuestra sociedad para analizar los acontecimientos expuestos en los medios de comunicación desde diferentes perspectivas. Los medios de comunicación exponen y somos nosotros quienes hemos de sacar nuestras conclusiones. En este sentido, estamos a un paso (si es que no lo hemos dado ya) de sustituir la exposición por el adoctrinamiento; lo que sería, pienso yo, muy grave, pues acabaríamos convirtiéndonos en seres privados de nuestra opinión, que es, reconozcámoslo, el tesoro más singular que poseemos.

El tercer fundamento para la señalada desconfianza lo percibo en las dificultades que muchas veces tiene la justicia para mostrarse transparente ante sus receptores. La lentitud en sus actuaciones; la ininteligibilidad de las leyes, que genera múltiples interpretaciones (que es, en el fondo, de lo que comen los abogados); y una preocupante carencia de principios pedagógicos a la hora de exponer las razones de tal o cual manera de proceder, convierten a la justicia en un ente oscuro que promueve recelos, inquietudes y desalientos en quienes deberían verla como el instrumento más eficaz para vivir en el más perfecto de los mundos posibles.

Para el tema que nos ocupa, la “perfección” debería ser aquella que nos permita concluir que el condenado debe pagar por lo que ha hecho o que el imputado debe retomar la tranquilidad de su vida tras la exculpación; o sea, que no salgamos de los límites que representan el delito y su autor (real o probable), sin que tengamos que añadir al platillo de la balanza ningún otro elemento que enturbie lo que ha de ser claro, diáfano, cristalino… “diamantino”.


Artículo publicado en Teldeactualidad